Los expertos, Fernand de Varennes, Relator Especial de Naciones Unidas sobre Cuestiones de las Minorías, Irene Kahn, Relatora Especial de Naciones Unidas sobre libertad de opinión y expresión, y Sr. Clément Nyaletsossi Voule, Relator Especial sobre la libertad de reunión pacífica y de asociación, forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos.
Los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos son expertos independientes con el mandato de presentar informes y asesorar sobre derechos humanos desde una perspectiva temática o en relación con un país específico. El sistema de los procedimientos especiales es un elemento básico del mecanismo de derechos humanos de las Naciones Unidas y abarca a todos los derechos humanos: civiles, culturales, económicos, políticos y sociales.
Según los expertos, entre 2017 y 2020, los dispositivos de al menos 65 políticos y activistas catalanes fueron blanco de complejos programas de espionaje. Después del referéndum de independencia catalán en 2017, las autoridades españolas arrestaron a los líderes del movimiento independentista por cargos de sedición. La mayoría de las operaciones de espionaje contra líderes y activistas catalanes tuvieron lugar en 2017, poco después del movimiento independentista de la región. Según el grupo NSO, la empresa de tecnología detrás de este software, el programa espía Pegasus se vendió a los gobiernos como una herramienta para hacer cumplir la ley.
Los expertos de la ONU también declararon que el alcance y la sofisticación de los programas de espionaje denunciados, a largo plazo y en contra de los líderes y activistas de minorías que no habían participado de ningún tipo de actividad violenta eran motivos de particular preocupación. Este tipo de programas de espionaje podrían conducir a una autocensura, que afectaría al disfrute de la libertad de expresión y de reunión, así como a la participación efectiva en la vida pública. Reiteran que las minorías están especialmente protegidas por las normas internacionales y europeas de derechos humanos, y que los programas de espionaje contra grupos minoritarios pueden constituir graves violaciones de estas normas.
Ya el pasado 24 de octubre de 2022, los expertos se pusieron en contacto con el Gobierno español acerca de este problema. El Gobierno contestó afirmando que las investigaciones pertinentes estaban en curso y que no era posible pronunciarse sobre casos que estaban pendientes de investigación judicial.
Según los expertos, las autoridades españolas deben de llevar a cabo investigaciones completas, justas y efectivas sobre estas denuncias, publicar los resultados y detener la intromisión ilegal en los derechos fundamentales de los activistas de la minoría catalana en España. Además, reiteran su llamamiento a una prohibición global de la venta y transferencia de tecnología de vigilancia hasta que se establezcan regulaciones estrictas para garantizar que el uso de la tecnología de vigilancia esté en línea con los estándares internacionales de derechos humanos, e instan a España a adherirse a esta prohibición global, a la cual también se sumó la entonces Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Condenan también la intromisión altamente alarmante en los derechos fundamentales de los lideres y activistas catalanes, los cuales tienen derecho a la vida privada, a la privacidad de la correspondencia y a ser tratados en igualdad de condiciones ante la ley.
Autora: Andrea Pérez Maroto – Legal intern at Medusa Human Rights Law and Consulting firm.
